Reintegro de haberes indebidamente percibidos por los funcionarios públicos.

Add to Flipboard Magazine.

No son pocas las ocasiones en las que se ha detectado que un empleado público o funcionario ha percibido en la nómina cantidades que no le corresponden: caso típico es el de los trienios mal calculados.

¿Qué sucede con estas cantidades, una vez detectada su improcedencia? ¿Se pueden reclamar? Pues sí, pero discrepamos de aquellos autores que consideran de aplicación del artículo 59 del Estatuto de los Trabajadores (ET), el cual establece un plazo de un año para el ejercicio de las acciones derivadas del contrato de trabajo. Además de que no sería aplicable a los casos de funcionarios (pues no les une a la Administración un contrato de trabajo), el exceso de retribución abonado por la Administración, sin su correspondiente respaldo legal, no será más que un pago indebido. Por ello está sujeto a su correspondiente reintegro, una vez quede perfectamente justificada la procedencia de éste, por concurrencia de ciertas causas que hayan llevado a error en su abono.

De esta forma, si el error tiene su origen en un defecto de cálculo o aritmético simplemente, su rectificación se puede llevar a cabo en cualquier momento, tal y como indica el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAPyPAC)

Para la subsanación del error será necesario girar una liquidación de diferencias para al reintegro e las cantidades percibidas indebidamente, con límite en los cuatro años anteriores. Una vez aprobada esta liquidación se notificará por el cauce legal a los interesados, con significación de los períodos de ingreso voluntarios, así como de los medios de impugnación de los que se pueda servir.

La interposición de recurso no suspenderá la ejecución del procedimiento recaudatorio, salvo que concurra alguno de las causas legalmente establecidas.

chiste_esclavo_funcionario

Si, por otra parte, estos pagos realizados de forma indebida tienen su origen en alguna infracción del ordenamiento jurídico, el Ayuntamiento estará en la obligación de proceder a la revisión del acto, según lo dispuesto en los artículos 102 y 103 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Cuando la Administración competente no procediese a esta revisión, el hecho concreto se podrá poner en conocimiento del Tribunal de Cuentas a fin de que se depuren las responsabilidades contables oportunas.

En cuanto a la forma del reintegro, lo habitual es hacerlo con cargo a la nómina del mes siguiente a aqúel en el que se haya detectado el error.

Antes de proceder al descuento habrá que tener en cuenta una premisa: la cantidad a reintegrar y a descontar de la nómina, deberá respetar en todo caso las retenciones por impuestos, la Seguridad Social, las cuantías inembargables previstas en la Ley de Enjuiciamiento Civil, incluso retenciones judiciales si existiesen. De esta forma, si no alcanzase a devolverse todo lo abonado indebidamente el reintegro se haría con cargo a los meses siguientes, hasta que la deuda quedase definitivamente saldada.

Compartir

Compartir en FacebookFACEBOOK Compartir por whatsappWHATSAPP

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *