REFORMA ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

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Con fecha 09/01/2015, el Consejo de Ministros aprobó la remisión a las Cortes Generales de los Proyectos de Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y de Régimen Jurídico del Sector Público.

Con estos Proyectos se asegura lograremos una Administración completamente electrónica, interconectada, transparente y con una estructura clara y simple.

La reforma gravita sobre dos importantes pilares: las relaciones externas de las Administraciones con los ciudadanos y empresas, integradas en el Proyecto de Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el que alude a la organización y relaciones internas dentro de cada Administración y  entre Administraciones, del que se va a ocupar el Proyecto de Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.

NOVEDADES PARA LOS CIUDADANOS.

Se facilitan las relacione electrónicas de estos con la Administración; así se podrán presentar escritos al registro electrónico de cualquier Administración en cualquier momento.

Para ello se van a simplificar los medios de identificación y firma electrónica a utilizar en los trámites administrativos.

Los ciudadanos van a ver cómo disminuyen las cargas administrativas. La regla general será la no exigencia de originales junto a las solicitudes, ni siquiera fotocopias: registrado un escrito de forma electrónica, la Administración generará tantas copias como se necesiten.

El procedimiento será único y común, fácil de entender. Los supuestos de menor complejidad se podrán resolver por un procedimiento más rápido y ágil.

En todos los procedimientos administrativos cabrá la posibilidad de reducir el importe de las sanciones por pronto pago o por reconocimiento de la responsabilidad.

NOVEDADES PARA EMPRESAS.

Para las empresas será necesario relacionarse con la Administración de forma electrónica, tal como ya sucede tanto con la AEAT como con la Seguridad Social. Las cargas administrativas se van a reducir de la misma forma que para los ciudadanos.

NOVEDADES ENTRE ADMINISTRACIONES.

En primer lugar, ganarán en agilidad, pues en la gestión de procedimientos se prevé que las comunicaciones entre administraciones sean electrónicas en todos estos; con ello se reducen los plazos de tramitación.

La transparencia se va a ver reforzada por la creación de un inventario único y público de todos los organismos y entidades vinculados o dependientes de todas las Administraciones. Los ciudadanos y empresas podrán conocer qué organismos y entidades públicas existen en cada momento en cualquier Administración. Se exigirá que todos los organismos y entidades estatales incluyan las siglas que identifiquen su naturaleza jurídica.

La creación de un nuevo registro estatal en el que constará todo el listado de órganos de cooperación en los que participa la Administración General del Estado y convenios de éste con otras Administraciones, es otra de las grandes novedades que se ligan la principio de transparencia.

El Proyecto de Ley de Régimen Jurídico del Sector Público simplifica el sector público institucional, racionalizando a futuro los tipos de entidades y organismos públicos que pueden existir en el ámbito estatal. De esta forma, el régimen se vuelve más completo, ágil y eficiente de transformaciones, fusiones, disolución y liquidación y extinción de entidades y organismos públicos estatales.

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Con los nuevos Proyectos se generan nuevos organismos y entidades del sector público  con las finalidades de supervisión continua, evaluación periódica del cumplimiento del plan de actuación y sus sostenibilidad financiera, así como del control de la eficacia.

El contenido mínimo de los convenios que suscriban las Administraciones Públicas quedará clarificado a fin de lograr un mayor rigor y mejor control de estos.

Las nuevas leyes van a regular tanto la Conferencia de Presidentes (Presidente del Gobierno y autonómicos), como las Conferencias Sectoriales y órganos de cooperación esenciales entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Los acuerdos de éstas van a ser, con carácter general, de obligado cumplimiento.

Dentro de las medidas para mejorar el funcionamiento de la Administración General del Estado se encuentran: exigencia para los miembros del Gobierno, Secretarios de Estado, Subsecretarios, Secretarios Generales, Delegados del Gobierno y Directores Generales de dar cumplimiento a los requisitos establecidos en la Ley 3/2015, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado o la previsión de la tramitación electrónica de las propuestas y acuerdos del Consejo de Ministros.

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