Principio de igualdad en el acceso a la función pública.

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El principio de igualdad en el acceso a la función pública se recoge el artículo 23.2 de la Constitución Española (CE). La igualdad es la garantía imprescindible de imparcialidad en las personas elegidas. Sin embargo, no es cauce para conferir el derecho a ocupar o realizar tareas concretas: es únicamente el derecho a participar en iguales condiciones que los demás a unas pruebas de selección.

El principio de igualdad es concluyente, pues la CE le concede el carácter de derecho fundamental, con un contenido definido y diferente del de acceso a cargos públicos, también reconocido en el mismo artículo 23 CE.

Por lo tanto, podemos concluir que este derecho de acceso en condiciones de igualdad a la función pública no sólo constituye un desarrollo del artículo 14 CE, sino que además proporciona un mayor alcance al mismo ya que se proyecta en el régimen jurídico de los funcionarios.

En cuanto al contenido del artículo 23.2 CE podemos establecer que se concreta en la exigencia de unas condiciones objetivas iguales para que todos los candidatos puedan acceder a la condición de funcionario público; y ello va a alcanzar los supuestos de provisión de un puesto de trabajo, en especial a los concursos de traslado y a la permanencia en el desempeño de una plaza pública sin ningún tipo de perturbación ilegítima.

En consecuencia, el precepto excluye de plano determinadas actuaciones de la Administración, en concreto todas las que puedan suponer arbitrariedad. No obstante, en ocasiones se van a admitir determinadas conductas razonables en atención al elenco de tareas a realizar: ello va a suponer que en determinadas circunstancias será admisible un trato diferenciado entre los candidatos aspirantes, siempre que ello no suponga discriminación.

La igualdad en el acceso a las funciones públicas exige que todo ciudadano que participe en un procedimiento selectivo para el empleo público lo pueda hacer sin que se establezcan para ello requisitos o condiciones irrazonables, subjetivas o desproporcionadas; esto es, capaces de originar discriminaciones. Ello va a tener una consecuencia inmediata: los candidatos elegidos serán sin duda los aspirantes más meritorios y capacitados.

De la anterior reflexión podemos extraer esta conclusión: los principios de mérito y capacidad quedan incorporados al derecho fundamental de acceso a la función pública en condiciones de igualdad. Estos y no otros han de ser los criterios únicos que rijan la selección de candidatos en las Administraciones Públicas. De forma que, el contenido de estos derechos proporcionará a la Administración que los lleve a cabo los candidatos más idóneos y garantizará la igualdad de los procesos de selección.

Resumiendo: el principio de igualdad de acceso a la función pública que recoge el artículo 23.2 CE no otorgar privilegio alguno a desempeñar funciones concretas; tampoco el derecho a proponerse como candidato a aquellas. En realidad, no viene sino a garantizar al conjunto de los ciudadanos una situación jurídica de igualdad en los procesos selectivos de acceso. Por lo tanto, no será factible establecer requisitos para el acceso que tengan carácter discriminatorio. Paralelamente otorga el derecho a los ciudadanos de acudir a la justicia ordinaria, e incluso al Tribunal Constitucional, para accionar contra toda disposición o aplicación incorrecta del principio que quebrante dicha igualdad.

Evidentemente, la igualdad, el mérito y la capacidad han de exigirse por igual tanto en los procesos selectivos del personal laboral como del funcionarial. Estos principios son aplicables a todas las Administraciones y, por tanto, a todos sus empleados. De hecho, refuerza esta manifestación lo dispuesto por el artículo 55.1 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), cuando recalca que las Administraciones públicas seleccionarán a su personal funcionario y laboral mediante procedimientos en los que se garanticen los principios constitucionales. Mérito y capacidad son los dos pilares básicos del artículo 103.3 CE:

Artículo 103.

3. La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.

El legislador se va a ver constreñido a estos principios al regular las pruebas de acceso a la función pública.

Por otra parte, la Administración Pública, al servicio del interés general que ha de presidir permanentemente su actuación de conformidad con el principio de eficacia, no podrá reclutar pues a su personal de forma discrecional al margen de los principios de igualdad, mérito y capacidad.

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