Los ayuntamientos no pueden pagar premios en metálico a sus funcionarios o en forma de días libres.

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De esta forma lo dispone la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Canarias, respecto de las recompensas (hoy ilegales) que aprobó el Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife al objeto de premiar a un determinado funcionario por cumplir ciertos años de servicio.

La sentencia establece la imposibilidad de pagar premios o de otorgar días libres con este motivo, más allá de los trienios con que se retribuye la antigüedad o de los premios que se establecen en las normas que regulan el estatuto jurídico del empleado público.


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En el supuesto concreto el premio concedido por el Ayuntamiento a la funcionaria era de 539.-€ o el disfrute de 11 días libres adicionales, con ocasión del cumplimiento de 15 años de servicio en el Ente Local.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de Canarias argumenta en su sentencia que las retribuciones de los empleados públicos únicamente pueden establecerse a través de normas con rango de ley; esto es, serán nulas cualesquiera otras resoluciones aprobadas por los ayuntamientos a este respecto.

“La retribución por cumplir años de servicio no está prevista en la legislación estatal, autonómica ni local, salvo en lo que se refiere a los trienios. Luego es nula la norma local que establece una retribución nueva y distinta a las previstas en la ley con carácter general para toda la función pública, sin competencia normativa para ello» , manifiesta la STSJ de Canarias.

En cuanto al posible premio consistente en el disfrute de más días libres, la Sala manifiesta igual razonamiento: los permisos de los que pueden gozar los empleados públicos de los ayuntamientos no serán otros que los establecidos por las leyes sobre la función pública, tanto del Estado como de la Comunidad Autónoma.

Ahonda más el Tribunal al declarar “inaceptable” que el Ayuntamiento de esta localidad califique las recompensan por antigüedad como una presunta “ayuda social” a sus empleados. El razonamiento de la STSJ de Canarias es la siguiente: «No se menciona la situación objeto de protección social. Ciertamente las prestaciones sociales y las retribuciones no son equivalentes, pero el tiempo de servicios prestados es una contraprestación del trabajo y, por lo tanto, una retribución»

 

 

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