Introducción al régimen jurídico de las incompatibilidades.

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La primera cuestión que debemos abordar es si la Constitución Española (CE) establece o no un régimen concreto de incompatibilidades. Y la respuesta ha de ser negativa: no existe un modelo rector de las incompatibilidades de los funcionarios. Es decir, la elaboración del régimen jurídico de las incompatibilidades corresponde al legislador, quien podrá ser más o menos restrictivo al respecto, en función, casi siempre, de criterios políticos.

Lo que sí deja marcado la CE es unas pautas que deben vincular al legislador en la elaboración de dicho régimen jurídico: de una parte, queda establecida la reserva de ley para la regulación de la materia; de otra, será necesario que imperen en todo caso los principios de imparcialidad, objetividad y eficacia en la actuación administrativa. De esta forma, cualquier régimen jurídico de esta materia que no venga completamente inspirado por estos principios no será más que una violación de los derechos constitucionales afectados.

La reserva de ley impuesta por la CE garantiza que la regulación de la materia sea, además, básica. Esto es, de carácter estatal; con ello se limitan las posibilidades de intervención normativa por parte de las diferentes CCAA. Sin embargo, la reserva de ley no va a impedir que se realicen remisiones reglamentarias.

De lo anterior ya podemos extraer una importante conclusión: la Ley de Incompatibilidades afecta a todo el personal de las AAPP, independientemente de la que sea su relación de empleo, los organismos, entes y empresas dependientes de aquéllas. Y todo ello no será sino consecuencia del propósito unificador de su aplicación a todo el “sector público” y a la totalidad del personal a su servicio. No obstante, existen regímenes diferenciados de incompatibilidades, pues van a quedar excluidos del ámbito de esta Ley los Altos Cargos, quienes se van a regir por la Ley 5/2006, de 10 de abril. A estos efectos, se considera Alto Cargo el funcionario que desempeñe funciones hasta el nivel de Director General.

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