Doctrina de los actos propios.

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La doctrina de los actos propios se define como aquella viculación que une al auto de una declaración de voluntad al sentido objetivo de la misma, junto a la imposibilidad de adoptar a posteriori un comportamiento contradictorio.

El fundamento jurídico de esta doctrina lo hallamos en la protección de la confianza y en el principio de buena fe que imponen un deber de coherencia y de limitar la libertad de actuación cuando se han creado expectativas razonables en el comportamiento de los demás.

En la base de esta teoría está la necesidad de proteger la buena fe y la confianza, además de la estabilidad de las situaciones jurídicas. Para su invocación es necesario que exista una grave y evidente contradicción entre lo realizado por el autor y la acción que el interesado ejercita; es decir, debe existir nexo de causalidad entre los actos y su incompatibilidad con lo posteriormente pretendido.

El principio de que nadie puede ir contra sus propios actos es de aplicación cuando lo realizado se oponga a los actos que de forma previa hubieran creado una relación o situación de derecho que no podía ser alterada de forma unilateral por quien está obligado a respetarla.

Sobre la base legal que supone el artículo 7.1 del Código civil debe quedar probado el quebranto por la Administración del deber de coherencia en sus comportamiento. Además, los actos realizados deben ser inequívocos en el sentido de crear, fijar, modificar o extinguir, sin duda alguna, una concreta situación jurídica que resulte incompatible o contradictoria respecto de una conducta precedente.

De esta forma, la Administración falta a la buena fe cuando va contra la resultancia de los actos propios: la creación de una apariencia jurídica no puede ser contradicha más tarde en perjuicio de quien puso su confianza en ella.

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A través de la Sentencia del Tribunal Supremo (STS), de 24 de mayo de 2001, la teoría de los actos propios queda configurada como un principio general del Derecho, siempre que se den estos requisitos:

1.- Los actos propios han de ser inequívocos: es necesario que la Administración cree, defina, modifique, extinga o fije una determinada situación jurídica respecto de su autor.

2.- Incompatibilidad con la buena fe que puede atribuirse a las anteriores conductas.

Como vemos el concepto es tan amplio que puede dar cabida a las expresiones que se encuentren contenidas en un escrito y ello a pesar de que los actos propios son comportamientos que exteriorizan manifestaciones de voluntad. Las palabras dichas, escritas o la permanente actitud por parte de los empleados públicos pueden generar confianza, de la que se espera un determinado comportamiento.

De lo visto hasta este momento podemos concluir que la esencia del acto propio es que conlleve una voluntad, un consentimiento de crear, fijar, modificar o extinguir situaciones jurídicas o derechos. Será necesario que medie un nexo causal eficiente entre el acto realizado por la Administración y su incompatibilidad con su conducta posterior. Este comportamiento debe ser voluntario, concluyente e indubitable.

Sólo se producirá una quiebra de este principio cuando se quiera utilizar para validar actos jurídicamente nulos o ineficaces.

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