Acceso a la función pública. Órganos de selección: imparcialidad y profesionalidad

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Un aspecto vital en el acceso a la función pública es todo aquello que se refiere al órgano de selección, del cual se predican dos importantes principios: imparcialidad y profesionalidad.

Los órganos de selección, evidentemente, han de ser ecuánimes. Ello implica que van a quedar excluidas del mismo todas aquellas personas en las que concurran circunstancias que, bien desde un punto de vista objetivo o desde un punto de vista subjetivo, hagan flaquear la providad del criterio. Estas circunstancias se concretan en las relaciones previas de los miembros del órgano de selección con los candidatos, los posibles vínculos entre unos y otros, …

Por otra parte, todos los miembros del órgano calificador han de estar en posesión de los conocimientos necesarios como para poder valorar los méritos y capacidades de los aspirantes. Esta es la razón por la que la propia ley les impone la obligación de estar en posesión de titulación igual o superior de aquélla que se exigió para el ingreso en el cuerpo o escala de que se trate.

La concurrencia de estos requisitos va a hacer inviable en el órgano de selección la presencia de cargos políticos o sindicales; ni siquiera de personas designadas por esto. De hecho, así lo recoge el artículo 60.3 del Estatuto Básico del Empleado Público:

Artículo 60 Órganos de selección.

3. La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.

Si bien el precepto parece claramente dirigidos a los integrantes de las organizaciones sindicales, lo cierto es que su amplitud permite aplicar tal prohibición a cualquier otro grupo que represente intereses colectivos: queda pues garantizada la inexistencia de cualquier tipo de clientelismo corporativo en los órganos de selección.

Sindicatos enchufados

 

No obstante, hay que interpretar bien el precepto: la presencia en un órgano de selección de una persona que tenga la condición de afiliado sindical o miembro de una asociación de empleados públicos, a título individual, no está vetada. Lo que provoca la ilicitud es que esa persona sea designada a propuesta de sindicatos o asociaciones, pues se entiende actuarían por cuenta de otros.

Aspecto diferente y bastante incongruente lo encontramos en el EBEP en cuanto al reclutamiento del personal laboral fijo: en estos supuestos se prevé que las Administraciones públicas puedan negociar las formas de colaboración que en el marco de los convenios colectivos fijen la actuación de las organizaciones sindicales en el desarrollo de los procesos selectivos.

El riesgo de vulneración del anterior principio es patente: en primer lugar, porque la selección del personal es una potestad pública que únicamente puede ejercer la propia Administración, sin posibilidad de delegación. En segundo porque el propio artículo 60 EBEP, es de aplicación tanto a los procesos selectivos del personal funcionario como laboral. Por otra parte, el artículo 37.2) EBEP también excluye como materia de obligatoria negociación colectiva la regulación y determinación concreta de los sistemas, criterios, órganos y procedimientos en el acceso a la función pública.

Sobre la base de los criterios jurídicos anteriores parece claro que la posibilidad de negociación colectiva respecto de la selección del personal laboral fijo va a quedar concretada al mera colaboración en tareas auxiliares. Por lo tanto, el derecho fundamental a la igualdad en el acceso a la función pública no va a quedar mermado por ello. De hecho, cualquier convenio colectivo que incluya cláusulas que infrinjan o limiten este derecho será claramente nula.

Otro tipo de personal que no podrá formar parte de los órganos de selección, por expreso mandato del artículo 60.2 EBEP, es el denominado personal eventual, pues el mayor parte de casos son cargos de confianza. La misma prohibición recae sobre los funcionarios interinos, veto que se sustenta sobre la mayor garantía de imparcialidad de los funcionarios de carrera en virtud de la inamovilidad de los mismos. En aplicación de la analogía, igual reflexión ha de realizarse respecto del personal labora no fijo (indefinido) pues su posición es evidentemente más vulnerable a las influencias.

El requisito de la profesionalidad es de carácter individual, esto es, no se predica del conjunto del tribunal calificador. Por ello, en los supuestos en los que algunos de sus miembros no posea la cualificación adecuada, el proceso completo podrá verse afecta de nulidad. Esta cualificación se extiende en dos ramas diferenciadas: supone por un lado que los miembros del órgano de selección son competentes en la materia y, además, han de tener, por otro lado, dominio de las técnicas selectivas.

Los órganos de selección pueden nutrirse de otra figura, independientemente de sus miembros: los asesores especialistas en todas o en algunas de las pruebas, siempre y cuando lo prevea la convocatoria.

En todos los casos en que concurran las circunstancias que prevé el artículo 28 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los miembros del tribunal deberán abstenerse. De la misma forma, también podrán ser recusados; para ello deberá concurrir uno de estos motivos:

a) tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado.

b) tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o el mandato.

c) tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el apartado anterior.

Tampoco será posible contar con un órgano de selección de carácter unipersonal. Como órgano colegiado que es le serán de aplicación todas las reglas que rigen su funcionamiento y formación de voluntad establecidas en los artículos 22 y siguientes de la Ley 30/1992, RJAPyPAC.

Dispone el artículo 61.4 EBEP:

Artículo 61 Sistemas selectivos.

4. Las Administraciones Públicas podrán crear órganos especializados y permanentes para la organización de procesos selectivos, pudiéndose encomendar estas funciones a los Institutos o Escuelas de Administración Pública.

Otro aspecto importante es la paridad en la composición del órgano de selección, la cual ya viene exigida por el artículo 51 de la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.

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